Bono de $ 5000: el propósito es bueno, el medio defectuoso

Bono de $ 5000: el propósito es bueno, el medio defectuoso

Por Julio E. Lalanne. Octubre 2019.

El gobierno –conf. Decreto PEN 665/2019 publicado en el Boletín Oficial el 29/09/2019– le impuso a todos los empleadores “del Sector Privado”, sin excepción, la obligación de pagar una “asignación no remunerativa” de cinco mil pesos ($ 5.000.-), pagadera “en el mes de octubre”, es decir, hasta el 4to día hábil del mes de noviembre de 2019. Mis comentarios sobre esta medida:


1) En mi opinión, el Poder Ejecutivo Nacional carece de facultades para dictar normas como esta, máxime si se tiene en cuenta que el propio Decreto 665/2019 dice que la suma a ser pagada no es remuneración. Una obligación de pago de una suma de dinero, impuesta a todos los empleadores, que no es salario, se parece mucho a un impuesto.
Ahora bien, si se interpretara que estamos ante un impuesto, forzosamente se concluye en que el Decreto 665/2019 sería inconstitucional ya que el art. 99, inciso 3º de la Constitución Nacional le impide al Presidente imponer tributos por medio de decretos de necesidad y urgencia, siendo indispensable una ley del Congreso a tal fin.


2) En segundo lugar, pese a lo que diga el Decreto, la asignación que impone, de ser pagada, es remuneración. Fundo esta afirmación en las siguientes razones: (i) no es un beneficio social de los previstos en el art. 103 bis de la L.C.T. pues esa clase de prestaciones no pueden otorgarse en dinero (conf. ley 24.700); (ii) la asignación se paga en forma proporcional a la extensión de la jornada laboral (conf. art. 2º, Decreto 665/2019), lo cual demuestra que su pago es contraprestación dineraria por la prestación previa y anterior del trabajo por parte del empleado; (iii) se puede compensar con salarios ya pagados con anterioridad (conf. art. 3º, Decreto 665/2019); (iv) la Corte Suprema ha dicho, frente a asignaciones pretendidamente no remunerativas idénticas a esta, que son salario, en los casos “Giménez, Patricia D. c/Blockbuster Argentina”, “Pérez c/Disco” y “González c/Polimat”. Las cosas son lo que son y su naturaleza no cambia por el nombre que se les de. Por lo tanto, la pretensión del Poder Ejecutivo de calificar a esta prestación como “no remunerativa” se asemeja a decir que un circulo es un cuadrado. Por lo tanto, a nadie le extrañe que algún trabajador reclame judicialmente que estos $ 5.000 se computen a los efectos del cálculo del aguinaldo, vacaciones, horas extras, o adicionales de convenio, invocando la doctrina establecida por la Corte en los fallos indicados. Mi pronóstico es que esos reclamos tienen altas probabilidades de prosperar.


3) Tercero, el Decreto viola elementales principios de justicia distributiva, pues le impone la misma carga a todos los empleadores y el mismo beneficio a todos los trabajadores: tanto el CEO como el empleado raso cobrarán $ 5.000.- Y, algo todavía peor, tanto la corporación multinacional con miles de empleados y una capacidad económica enorme, como el microempresario que tiene tan solo uno o dos trabajadores a su servicio, afrontarán una carga similar. Como decía el sabio Aristóteles: es tan injusto tratar desigual a los iguales, como tratar igual a los desiguales (Ética Nicomaquea, Libro V, cap. 3).


4) La finalidad que persigue el gobierno es atenuar el impacto en los salarios de la inflación generada por la devaluación del 12 de agosto pasado y, al mismo tiempo, buscar algún rédito electoral. El medio elegido adolece de los serios defectos técnico- jurídicos indicados y generará conflictividad.